Planificación Institucional

El Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual Operativo muestran cómo la institución organiza sus esfuerzos para cumplir sus objetivos y brindar mejores resultados a la ciudadanía. En estos documentos se establecen las prioridades, metas y acciones que guían nuestro trabajo, permitiendo dar seguimiento a los avances y fortalecer una gestión transparente, eficiente y orientada a generar valor público.

Obligaciones de la entidad

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional su artículo 17, los bancos estarán obligados a presentar al Superintendente General de Entidades Finacieras (*) todos los balances, estados y cuadros estadísticos que ese funcionario les solicite, en la forma y plazo que él mismo determine. Por sí mismo o por medio de los funcionarios de su dependencia, tendrá libre acceso a todos los libros, documentos y archivos de los bancos, cuyos directores, gerentes, funcionarios y empleados estarán obligados a prestarle toda la ayuda que puedan darle para el mejor desempeño de sus funciones de vigilancia y fiscalización.

Planificación Institucional

Dentro de las competencias de la institución se debe realizar el establecimiento de metas y objetivos, lo cual permite al estado dar seguimiento; midiendo y valorando los resultados de la gestión empresarial en relación con el cumplimiento de la misión y de sus competencias legalmente establecidas. Así como el Plan Estratégico Institucional (PEI), los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cualquier otro instrumento de planificación sectorial o nacional de mediano o largo plazo. La Directriz No. 099-MP “Revisión de las funciones de órganos de dirección y fortalecimiento de su rol estratégico en las Empresas Propiedad del Estado (EPEs) e instituciones autónomas”, del 19 de febrero de 2018, declara que las juntas directivas u órganos de dirección deben contar con la suficiente autoridad, competencias y objetividad para realizar sus funciones de orientación estratégica y supervisión de la gestión. Deben actuar con integridad y asumir la responsabilidad por sus acciones. En estricto apego de la estructura jurídica de la institución, esperando que los miembros que conforman la junta directiva actúen conforme al principio de probidad en la función pública, de buena fe, con debida diligencia y cuidado, manteniendo el deber de lealtad  en pro de los intereses de la institución.